Hace un año, Berta Cáceres murió a mano de sicarios contratados por oscuros poderes que trataban de frenar la resistencia de la líder indígena y de las organizaciones sociales hondureñas a la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca, sobre el Río Gualcarque, vital para la supervivencia de los pueblos indígenas y comunidades locales.   

Este asesinato levantó una oleada de indignación internacional y se ha convertido en un símbolo de la resistencia contra proyectos que amenazan el medio ambiente y los derechos humanos, ya sean hidroeléctricas, mineras, obras de infraestructura, monocultivos, agro negocios, deforestación ilegal, entre otros.

En enero anterior, en Tegucigalpa, capital de Honduras, la organización internacional Global Witness presentó un reporte en el cual denuncia conexiones existentes entre élites de influencia política, empresarios poderosos y organizaciones delictivas y las relaciona con la oleada de violencia que viven los líderes de las luchas ambientales de este país.

Detrás del proyecto Agua Zarca, por el cual fue asesinada Berta, está la empresa Desarrollos Energeticos SA (Desa). Información publicada por el diario inglés The Guardian muestra que la junta directiva de esta compañía incluye a políticos, militares y empresarios; entre ellos un alto rango de inteligencia militar –a quien Berta había denunciado por ofrecerle un soborno para detener su resistencia–, un ex ministro, así como a un directivo de uno de los bancos más ricos de Centroamérica.

A un año de la muerte de Berta Cáceres, los autores intelectuales siguen sin ser identificados. Lo que si ha logrado hacer el Gobierno hondureño es aprobar un paquete de normas legales que recrudecen la represión contra movimientos sociales y que introducen la posibilidad aplicación de la figura de terrorismo a los movimientos sociales.

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) ha denunciado la aprobación de estas leyes con el fin de perseguir y criminalizar a los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil, ñcomo parte de la militarización que se vive en el país. Esto coincide con un momento crucial para las organizaciones sociales, pues desde hace un tiempo preparan una jornada para exigir justicia por el asesinado de Berta Cáceres.

Respecto a estas leyes, el pasado 23 de febrero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, manifestaron su preocupación por la aprobación de reformas al código penal hondureño, las cuales consideran regresivas para los derechos humanos y la libertad de expresión.

El 21 de febrero, el Congreso de Honduras aprobó una reforma al artículo 335 del código penal que tipifica el delito de terrorismo; un día después fue aprobado el artículo 335 B que tipificó el delito de apología e incitación de actos de terrorismo, dirigido a castigar a "quien públicamente o a través de medios de comunicación o difusión destinada al público hiciere apología, enaltecimiento o justificación del delito de terrorismo o de quienes hayan participado en su ejecución, o incitare a otro u otros a cometer terrorismo o financiamiento de esté será sancionado con pena de cuatro a ocho años de prisión".

Textualmente, “la CIDH, la Relatoría Especial para la libertad de expresión y la OACNUDH en Honduras: ven con preocupación la ambigüedad de los tipos penales aprobados ya que facilitan interpretaciones amplias que pueden conllevar a la sanción de conductas que no corresponden con la gravedad y la naturaleza del delito de terrorismo. La adopción de definiciones de terrorismo demasiado amplias puede dar lugar a tergiversaciones deliberadas del término, para sancionar reivindicaciones y movimientos sociales o la labor de los defensores de derechos humanos”.

El hallazgo más reciente en cuanto a este caso lo vuelve a dar The Guardian, pues un artículo publicado el jueves 28 de Febrero, da cuenta de dos de las personas acusadas por cometer el crimen habían tenido entrenamiento por parte de cuerpos militares de los Estados Unidos, lo que refuerza la tesis de que este fue un homicidio bien planificado desde otros círculos de poder, que no habían logrado detener a la lideresa ni a las organizaciones sociales que la acuerpaban.

Otro caso emblemático es el de Isidro Baldenegro, líder indígena rarámuri, y que llevaba décadas luchando contra taladores ilegales en la Sierra Madre de México. Él fue asesinado en la remota comunidad de Coloradas de la Virgen, “corazón de una lucha de más de 30 años en contra de los taladores ilegales del bosque”, en el Estado de Chihuahua, México.

Tanto la lucha de Berta Cáceres como la de Isidro Baldenegro fueron reconocidas con el Premio Goldman; su muerte refleja la realidad que están viviendo los líderes indígenas latinoamericanos al proteger el ambiente y sus derechos. En el 2015 en Brasil fueron asesinadas 50 personas, en Colombia, 26, en Perú y en Nicaragua 12, en Guatemala 10, y en Honduras 8, de acuerdo a cifras de Global Witness.

Detrás de estas muertes hay toda una cadena de eslabones, y que incluye a funcionarios, técnicos, militares y policías: a políticos influyentes y compañías extranjeras. Pero sobre todo, en el caso de Honduras, lo que hay es un gobierno corrupto que privilegia los réditos ecónómicos a favor de sus élites, en prejuicio del ambiente y los pueblos.

¡Justicia para Berta!

¡Berta Vive!

(Foto cabecera: The Guardian/Orlando Sierra/AFP/Getty Images)